Wilfredo, la cuesta de Cayey y el contrato que permaneció mientras el servido compraba su propia infraestructura
Axioma:
- Cuando el ciudadano debe construir en su casa la redundancia que la institución no construyó en el sistema, el servido deja de financiar solamente el servicio y comienza a pagar también por su propia continuidad.
La llamada de Wilfredo
Me llamó mi amigo Wilfredo para decirme que estaba cansado. No hablaba del cansancio de una jornada particular, sino del agotamiento acumulado de quien trabaja, paga y todavía tiene que prepararse para sustituir los servicios que ya financió.
Me dijo que piensa marcharse de Puerto Rico y venir a Estados Unidos.
Para permanecer en su casa tuvo que comprar una planta eléctrica instalada por aproximadamente $19,000, añadir un tanque de diésel de $3,000 y compartir con su hermano la instalación de una cisterna valorada en $6,500.
Entre ambos hogares levantaron una infraestructura paralela de aproximadamente $28,500, sin contar combustible, mantenimiento, reparaciones ni reemplazos futuros.
Otro conocido, esposo de Ileana, compañera mía de escuela, trabaja para el Gobierno y también tuvo que comprar una planta de casi $18,000.
No compraron lujo.
Compraron continuidad.
La planta no adorna la propiedad. Sustituye temporalmente la red eléctrica. La cisterna no representa comodidad excesiva. Conserva el agua cuando el sistema deja de entregarla.
Máxima:
- La redundancia deja de ser prevención voluntaria cuando el ciudadano necesita comprarla para realizar normalmente su vida.
El hogar convertido en micro-Estado
Wilfredo paga electricidad y agua. Después tiene que producir electricidad y almacenar agua.
Su hogar adquirió generación, almacenamiento de combustible, reserva hídrica y protocolos de emergencia. La familia terminó realizando dentro de su propiedad funciones que pertenecían a la infraestructura colectiva.
- Aquí aparece la factura privada de la continuidad pública.
El ciudadano no solamente paga por el servicio que recibe. También inmoviliza sus ahorros para sustituir el servicio que puede dejar de recibir. El dinero que pudo destinar a educación, retiro, vivienda, salud o empresa queda atrapado en equipos destinados a mantener funcionando aquello que ya debía funcionar.
Eso es redundancia obligada: el esfuerzo que debía crear futuro se utiliza para reemplazar una capacidad institucional previamente financiada.
No todos pueden hacerlo. Quien posee $20,000 puede comprar horas de normalidad. Quien no los tiene recibe el apagón completo, pierde alimentos, medicamentos, descanso, comunicación y capacidad de trabajar.
La desigualdad económica se convierte así en desigualdad de continuidad.
El contrato que aprendió a permanecer
Durante nuestra conversación, Wilfredo mencionó los trabajos de Las Piedras Construction en la cuesta de Cayey. Según recordaba, la compañía llevaba allí desde los daños asociados al huracán María y el contrato continuaba recibiendo extensiones.
El expediente obliga a corregir una parte de esa memoria.
El deslizamiento específico frente al Monumento al Jíbaro ocurrió el 5 de noviembre de 2022, no en 2017.
Sin embargo, Las Piedras Construction ya realizaba mejoras en aquel tramo cuando ocurrió el desprendimiento. Desde entonces, la Autoridad de Carreteras y Transportación y la compañía continuaron las labores de mitigación y rehabilitación.
La empresa subcontrató a Rock Supremacy, especializada en estabilización de roca.
La obra tampoco es sencilla. Los ingenieros encontraron piedra altamente fragmentada. El material utilizado para fijar los anclajes se escapaba por las grietas, lo que obligó a modificar profundidades, materiales y diseños. Como constructor, sé que una condición oculta puede transformar un proyecto legítimamente. Un rediseño no demuestra corrupción.
Pero la complejidad técnica no cancela la obligación de fiscalizar.
El estimado informado comenzó alrededor de $16 millones, aumentó a $24 millones y para marzo de 2026 rondaba los $41 millones, sin descartarse otro incremento. También se desplazaron las fechas de terminación: de verano de 2024 a enero de 2026 y luego hacia octubre de 2026.
Cada cambio puede tener explicación. Pero cada explicación debe corresponder con estudios, órdenes de cambio, materiales, progreso físico y responsabilidad identificable.
Máxima:
- Una condición imprevista puede justificar un rediseño; no puede justificar que el expediente deje de ser comprensible para quien financia la obra.
¿Quién fiscaliza la eficiencia del privado?
La privatización no es necesariamente el problema. Una empresa privada puede aportar conocimiento, equipo, velocidad y especialización que el Gobierno no posee.
El problema comienza cuando contratar se convierte en sustituto de supervisar.
Formalmente, la ACT y el DTOP administran e inspeccionan la obra. Si participan fondos federales de carreteras, la Administración Federal de Carreteras examina elegibilidad y cumplimiento. La Oficina del Contralor puede auditar contratos y desembolsos. La Legislatura puede investigar costos, enmiendas y ejecución.
Pero tener muchos fiscalizadores no significa poseer una fiscalización completa.
Uno inspecciona el diseño.
- Otro valida una factura.
- Otro certifica fondos.
- Otro aprueba una extensión.
- Otro examina el cumplimiento federal.
Todos pueden cumplir su parte mientras la totalidad permanece sin dueño.
La verdadera pregunta no es solamente quién inspeccionó. Es quién comparó el costo original con el acumulado, quién midió el porcentaje pagado contra el porcentaje terminado, quién autorizó cada extensión, qué penalidades existían y quién determinó que continuar enmendando era más conveniente que volver a competir.
Máxima:
- El privado no se vuelve eficiente porque recibió un contrato; su eficiencia comienza a demostrarse cuando el resultado puede medirse contra el tiempo, el costo y la necesidad que prometió resolver.
La inversión moral de la continuidad
Mientras Wilfredo llegaba cansado a una casa sin electricidad, su inversión privada permanecía esperando el próximo fallo público.
Esa imagen revela una inversión profunda:
- el ciudadano experimenta interrupción, pero el contrato experimenta continuidad.
El servido compra una planta, un tanque y una cisterna. El sistema autoriza extensiones, rediseños, subcontratos y aumentos para preservar la obra hasta completarla.
No afirmo que Las Piedras Construction haya actuado ilegalmente.
Tampoco niego la dificultad extraordinaria de estabilizar una montaña fragmentada. Lo que afirmo es que la continuidad contractual debe estar subordinada a la continuidad humana que justificó el contrato.
Una obra pública no se vuelve exitosa porque el contratista continúe trabajando. Se vuelve exitosa cuando la necesidad que originó la contratación comienza finalmente a desaparecer de la vida del servido.
Wilfredo no me llamó para formular una teoría. Me llamó porque estaba cansado.
Pero su cansancio abrió el expediente.
Me permitió ver que Puerto Rico no solamente está pagando por reconstruir sus sistemas. Sus ciudadanos también están pagando individualmente para sobrevivir mientras esos sistemas son reconstruidos.
Y si el contrato puede recibir tiempo adicional, fondos adicionales y nuevas oportunidades para cumplir, el servido tiene derecho a exigir una explicación completa antes de invertir nuevamente sus ahorros en sustituir aquello que ya pagó.
Máxima final:
- Cuando el contrato conserva su continuidad mediante enmiendas mientras el ciudadano compra equipos para sobrevivir a la discontinuidad del servicio, la eficiencia pública ya no puede medirse por el dinero desembolsado, sino por la necesidad que todavía permanece en la vida del servido.
— Malvin El Poeta
El Universo del Centro
