Cuando la pirámide institucional intenta volver a su base
Axioma:
- Una inversión educativa no se completa cuando la institución compra, adiestra y entrega. Se completa cuando el estudiante encuentra una escuela capaz de convertir esos recursos en aprendizaje.
La pregunta que dejó abierta la pirámide
En La pirámide institucional invertida sostuve que el servido precede al servidor.
La necesidad del niño existía antes que el departamento, el presupuesto y el contrato.
Por eso una institución no puede medir su éxito únicamente por los recursos que consiguió movilizar: debe seguirlos hasta la persona para quien fueron confiados.
La educación permite observar ese recorrido. Una computadora puede haber sido comprada, configurada, inventariada y entregada. También pueden haberse contratado garantías, programas de seguridad y adiestramientos. Todo ello produce documentos que demuestran actividad. Pero queda una pregunta que el expediente no puede contestar por sí solo: ¿encontró el estudiante una escuela donde ese equipo pudiera servirle?
Esa pregunta me llevó a mirar las intervenciones educativas de Puerto Rico y El Salvador.
- No ocurrieron en el mismo momento ni compraron los mismos bienes.
Es bien importante que lo tenga presente. Pero su contraste permite examinar algo más profundo que el precio de una laptop: desde qué lugar comienza cada institución a resolver la necesidad y cómo comprueba que la solución llegó al aula.
Puerto Rico: todo lo que rodeó al equipo
En julio de 2020, el Departamento de Educación de Puerto Rico anunció aproximadamente $243 millones para 300,830 laptops y 56,200 iPads: 357,030 equipos. La cifra comprendía más que el aparato físico. Sin embargo, al anunciar la inversión, la agencia todavía no había terminado el plan para proporcionar acceso a internet a las computadoras que esperaba distribuir.
Eso no significa que Puerto Rico nunca invirtiera en conectividad.
Significa que la compra de equipos y la capacidad de conectarlos no avanzaban como una sola respuesta ya completada. El niño podía ocupar el centro del anuncio y continuar dependiendo de otra decisión, otra partida y otro calendario para utilizar plenamente lo anunciado en su nombre.
Abrir los contratos permite ver cuánto dinero circulaba alrededor de algunos de esos equipos. Computer Network Systems Corporation, conocida como Computerlink, suministró, entre otros dispositivos, 18,000 iPads de sexta generación. Su precio principal era de $475 por unidad; al añadir configuración y grabado, rastreo y audífonos, el costo contractual de esa tableta preparada llegaba a $551. Esos 18,000 iPads son un componente documentado de la compra, no la totalidad de los 56,200 anunciados.
La misma compañía suministró laptops estudiantiles cuyo precio base era de $440, mientras el conjunto de preparación y servicios descrito en el contrato llevaba el costo por unidad a $626.25. El equipo físico era solamente una parte de lo que la institución pagaba para ponerlo en circulación.
Es razonable configurar una computadora, protegerla y preparar a un maestro.
Ninguno de esos renglones constituye por sí mismo un desperdicio. Precisamente porque pueden ser necesarios, corresponde seguirlos hasta su resultado:
- ¿quedó el equipo disponible, pudo utilizarse y mejoró la capacidad educativa del centro?
Los $24.5 millones alrededor de la enseñanza digital
El hallazgo más revelador de los contratos no está dentro de una tableta. Está en las distintas capas de trabajo que debían permitir utilizarla.
El contrato de Computerlink asignó hasta $10,093,440 a mentoría e integración de tecnología en el salón, con un mínimo de 6,000 sesiones de seis horas. El contrato de Evertec incluyó 3,000 sesiones sobre uso de dispositivos y otros recursos, a $2,900 por sesión: hasta $8,700,000. Un tercer contrato con Global Education Exchange Opportunities, GEEO, estableció hasta $5,784,720 para evaluar competencias, elaborar planes de desarrollo profesional y administrar procesos de microcredenciales.
La suma de esos tres renglones contractuales alcanza $24,578,160.
Es una cuantía máxima comprometida en contratos, no una certificación de que se desembolsó íntegramente. Tampoco sería correcto adjudicarla exclusivamente a las tabletas: los servicios comprendían maestros, laptops, tabletas y la integración más amplia de tecnología educativa.
Los tres contratos describen funciones que podían complementarse. Una capa enseñaba el uso del equipo; otra buscaba integrarlo a la enseñanza; la tercera evaluaba competencias y documentaba el desarrollo profesional. Si funcionaron juntas, deberían poder dejar una respuesta comprensible a preguntas igualmente concretas:
- ¿cuántos maestros distintos participaron, cuántos completaron su preparación, qué escuelas tenían las condiciones para aplicar lo aprendido y qué recibió finalmente el estudiante?
No he encontrado un informe público consolidado que siga toda esa cadena. La ausencia de esa respuesta unificada no demuestra que las sesiones no ocurrieran ni que alguien se apropiara del dinero. Muestra una distancia entre documentar cada obligación contratada y demostrar el resultado conjunto que aquellas obligaciones debían producir.
Ahí la Economía Fragmentada entra al salón. Cada contratista puede rendir cuentas por su parte. El servido, sin embargo, necesita que todas las partes funcionen a la vez.
La auditoría y los equipos que no llegaron al servicio
La Oficina del Inspector General del Departamento de Educación federal publicó el 25 de enero de 2024 una auditoría que obliga a sostener dos hechos al mismo tiempo. En su muestra de pagos no salariales y en su revisión limitada de los procesos de contratación de dispositivos y Wi-Fi, no encontró incumplimiento. Sin embargo, concluyó que Educación debía mejorar la administración del equipo adquirido.
Al inspeccionar en mayo de 2023 una muestra no estadística de 350 dispositivos y carros, encontró 215 equipos estudiantiles almacenados sin utilizarse según su propósito durante casi tres años. Otros 21 dispositivos no pudieron localizarse durante la inspección. Esa muestra no puede proyectarse sobre todos los equipos comprados.
- Pero documenta una fractura real: recursos capaces de constar en un expediente de adquisición permanecieron fuera del servicio de estudiantes y maestros que podían necesitarlos.
La auditoría también identificó aproximadamente $2.5 millones en costos indirectos no permitidos dentro del programa examinado. Y el plan de fondos distinguía estimados de $43.9 millones para Wi-Fi y $55.4 millones para mejoras de interruptores y redes. La conectividad tenía su propia ruta presupuestaria.
- El aparato, la capacitación, el inventario y la red podían estar en documentos diferentes. El estudiante tenía que recibirlos como una sola posibilidad de aprender.
Las aulas que exigieron mirar fuera del expediente
Las imágenes de estructuras escolares precarias hechas con materiales de palma que circularon junto al contraste salvadoreño produjeron una pregunta difícil de esquivar. Allí había pupitres y un lugar llamado aula. También había niños que necesitaban que la institución mirara las condiciones materiales en las que se les pedía estudiar.
No tengo aún el documento que identifique quién construyó esas estructuras, cuándo se levantaron ni con qué asignación se pagaron. La imagen no permite adjudicarle una partida a un gobierno anterior. Su fuerza reside en otra cosa: obliga a preguntar cuánto tiempo pudo describirse administrativamente un servicio educativo sin que las condiciones del lugar ocuparan el centro de la decisión.
El propio programa salvadoreño Dos Escuelas por Día publica fotografías del estado anterior y datos de obras por centro.
En el caso del Centro Escolar Cantón Los Toles, la ficha registra una inversión de $1.2 millones, 200 estudiantes y una obra finalizada que incluyó aulas amuebladas, cocina, comedor, sanitarios, electricidad, agua potable y espacios de uso común. Las fotografías anteriores de Los Toles muestran edificios existentes de mampostería; no corresponde identificarlo como la escuela de palma vista en aquellas otras imágenes.
Esa precisión conserva intacta la pregunta filosófica. Una escuela puede existir formalmente y seguir necesitando agua, instalaciones adecuadas, un espacio para comer o condiciones para usar tecnología. El expediente acredita que hay un centro. Entrar al centro permite descubrir lo que todavía le falta.
El Salvador: intervenir el lugar donde aprende el niño
El Salvador también destinó una inversión considerable a dispositivos. La Presidencia explicó en febrero de 2021 que buscaba integrar computadoras, conectividad, contenidos, formación docente y asistencia técnica. Una investigación publicada en febrero de 2026, basada en datos de una auditoría vinculada al BCIE, identificó $225.6 millones en transferencias respaldadas para un tramo de compras de 2021 y 2022. Esa cantidad no representa necesariamente el costo acumulado de todos los equipos entregados.
La intervención escolar posterior pertenece a otra partida. En mayo de 2026, el gobierno anunció la entrega de un tercer grupo de 70 escuelas, hasta sumar 210 terminadas, con una inversión acumulada anunciada de $184.8 millones. Esa cifra no compró por sí sola las computadoras de todo El Salvador. Describe una etapa de intervención en centros escolares.
Aquí está el contraste que importa: después de distribuir equipos, la acción pública también puso bajo examen la escuela como lugar físico donde esos equipos tendrían que prestar servicio. La ficha de Francisco Gavidia incluye electricidad, agua y acceso a internet de alta velocidad dentro de las obras previstas. Esa escuela figura en ejecución; lo previsto no debe presentarse todavía como servicio recibido. Las tutorías con inteligencia artificial anunciadas para otros centros requieren la misma comprobación de instalación, funcionamiento y mantenimiento.
La intervención de Nayib Bukele merece examinarse desde ahí.
El liderazgo puede reducir la distancia entre el escritorio que aprueba y el aula que espera cuando exige ver el estado del centro y coordina las piezas necesarias para transformarlo.
- Una inauguración demuestra una entrega visible. La permanencia de servicios funcionales y su utilidad para el estudiante demostrarán cuánto de esa intervención logró sostenerse.
Lo que aprendí como padre en Head Start
Yo conocí esa distancia desde otra posición: la de padre.
En Head Start ocupé una función electiva de participación que me dio acceso a documentos, adiestramientos y espacios de decisión. Podía leer lo que se solicitaba y cómo se justificaban las necesidades de los centros.
Entonces pregunté a personal de oficina con qué frecuencia visitaban aquellos lugares. Algunas personas llevaban muchos años trabajando con sus documentos sin haber entrado nunca a los centros. No necesitaba concluir que cada formulario fuera falso. Comprendí algo más inquietante: se podía conocer profundamente el trámite y apenas conocer la vida que el trámite describía.
Mi posición de padre me permitió mirar en ambas direcciones.
Los documentos eran necesarios; también lo era llegar al centro y permitir que lo encontrado allí corrigiera la decisión. Cuando el niño no recibía lo que el expediente afirmaba haber organizado, la institución tenía que volver a mirar al niño.
Por eso las aulas precarias, los equipos almacenados y las escuelas reconstruidas pertenecen al mismo razonamiento. Ninguna fotografía sustituye una auditoría. Ningún contrato sustituye una visita. Y ningún anuncio sustituye la experiencia del estudiante que intenta aprender.
La prueba que comienza en el aula
No hace falta declarar ilegítima toda capacitación puertorriqueña para preguntar qué produjeron $24,578,160 en servicios contractuales asociados a formación y evaluación. Tampoco basta celebrar las obras salvadoreñas sin comprobar qué centros terminaron, qué recursos funcionan allí y durante cuánto tiempo podrán sostenerse.
A Puerto Rico debemos pedirle la cadena completa: equipos disponibles, maestros preparados, conectividad efectiva y estudiantes que puedan utilizar lo recibido. A El Salvador debemos pedirle la misma cadena, desde los edificios intervenidos hasta la tecnología y el aprendizaje cotidiano. Los presupuestos no compraron exactamente lo mismo, pero ambos gobiernos invirtieron en nombre de niños que sí necesitan recibir un servicio completo.
El expediente puede demostrar cuánto trabajó la institución. El aula permite descubrir para quién funcionó ese trabajo. Cuando ambas versiones coinciden, el documento deja de defenderse a sí mismo y comienza a dar testimonio del servido.
Y qué máxima acabo de ganar!:
- La pirámide recupera su base cuando el dinero llega a la escuela, la escuela puede sostenerlo y el niño recibe aquello que todos los contratos prometieron en su nombre.
— Malvin El Poeta
El Universo del Centro
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