El ciudadano, el expediente y el puente hacia una transparencia comprensible
Umbral de la Teoría del Servido
Axioma:
- Una institución conserva su sentido cuando sus procedimientos permanecen vinculados a la persona que justificó su existencia y esa persona puede comprender cómo se ejerce la autoridad en su nombre.
Después de terminar Cuando la inteligencia artificial entró al expediente, regresé a sus páginas intentando dejar de ser por un momento quien las había escrito para convertirme en quien las leía. Fue entonces cuando una expresión comenzó a aparecer en mi mente: humanismo institucional. No estaba formulada así en el ensayo, pero parecía haberlo recorrido desde el principio. La pregunta que había quedado al final
¿a quién servimos?
no cerraba solamente una investigación. También abría un camino.
Antes de continuar excavando contratos, presupuestos y estructuras públicas, necesitaba detenerme en ese umbral. Porque podemos aprender a leer una institución y olvidar para qué queríamos comprenderla. Podemos relacionar miles de documentos y terminar contemplando con mayor precisión la misma arquitectura que nos había hecho perder de vista al ser humano.
I. Humanismo institucional
Una institución pública no comienza en su edificio. Comienza en una necesidad humana que una sociedad decidió atender colectivamente. Después aparecen presupuestos, reglamentos, empleados, contratos y procedimientos. Todo aquello puede ser indispensable, pero su existencia no altera el orden original: la estructura fue creada porque alguien necesitaba aquello que debía producir.
Hablar de humanismo institucional no significa reemplazar la administración por buenas intenciones. El Estado necesita controles precisamente porque administra recursos que no pertenecen a quienes ocupan temporalmente sus oficinas. Necesita conocimiento técnico, normas y fiscalización. Una institución que prescindiera de ellos en nombre de la humanidad podría terminar perjudicando a las mismas personas que pretende proteger. El problema comienza cuando el instrumento se confunde con el propósito.
Yo había conocido esa tensión mucho antes de tener palabras para describirla. Durante mi participación en las estructuras de padres de Head Start y Early Head Start me encontré frente a reglamentos, minutas, presupuestos y procedimientos que no pertenecían a nuestra vida cotidiana. Nosotros habíamos llegado porque nuestros hijos estaban en aquellos salones. Sin embargo, en determinados momentos se esperaba de nosotros mucho más que presencia: nuestra participación tenía consecuencias administrativas reales.
Recuerdo ocasiones en que se necesitaba mi firma para continuar un proceso. No convertiré cantidades que hoy recuerdo imperfectamente en datos históricos. Lo que conservo con claridad es lo que hacía antes de firmar: preguntaba qué estaba autorizando, quién había participado, dónde constaba lo discutido y cómo aquella decisión afectaría al servido. Alguna vez me preguntaron por qué necesitaba saber tantas cosas si lo que correspondía era firmar. Pero si la firma representaba una responsabilidad, no podía reducirse al movimiento final de una mano sobre un procedimiento que yo no comprendía.
Aquello me enseñó que participación formal y capacidad efectiva de participar no son equivalentes. Podíamos estar sentados en la mesa, recibir documentos y votar, pero entre poseer autoridad y comprender la maquinaria que precedía a una decisión existía una distancia considerable. El niño llegaba a nosotros convertido en matrícula, partida presupuestaria o cumplimiento. Mi pregunta intentaba devolverlo al salón:
¿cómo está impactando esto al servido?
De esa preocupación nacieron también mi propuesta de visitas rotativas a los centros y mi defensa de capacidad bilingüe dentro del personal educativo. No bastaba conocer los salones mediante informes ni declarar disponible un servicio que no podía encontrarse con el idioma del niño. Las dos inquietudes respondían a una misma necesidad: conservar contacto con la realidad humana que administrábamos.
Por eso el humanismo institucional no elimina la burocracia; le devuelve una dirección. No debilita el procedimiento; le exige mantener relación con aquello que pretende proteger. Y reconoce que tanto quien administra como quien recibe son ciudadanos, aunque ocupen posiciones distintas: uno ha recibido una función; el otro vive las consecuencias de su ejercicio. Pero si comprender aquella estructura era difícil incluso desde dentro, quedaba una pregunta mayor:
¿qué posibilidades tenía el ciudadano que permanecía afuera?
II. El puente democratizador
Durante mucho tiempo respondimos a esa distancia mediante una conquista indispensable: la transparencia. Exigimos que los contratos pudieran conocerse, las minutas dejaran constancia y los ciudadanos tuvieran acceso a las decisiones tomadas en su nombre. Un poder obligado a documentar sus actuaciones se encuentra en una posición distinta de aquel que puede actuar sin dejar rastro. Sin embargo, abrir el archivo no resolvió por completo la dificultad de recorrerlo.
Un ciudadano puede obtener un contrato y desconocer que una cláusula depende de una certificación presentada meses antes. Puede encontrar una minuta sin saber que la persona mencionada aparece bajo otra representación en un registro posterior. Y puede tener derecho a examinar diez mil páginas sin disponer del tiempo necesario para leerlas. Tiene que trabajar, cuidar a su familia, dormir y vivir. La desigualdad no está solamente en el acceso: también está en la escala del esfuerzo necesario para comprender.
Las organizaciones especializadas pueden distribuir ese trabajo entre periodistas, abogados, investigadores y asistentes. El ciudadano común suele enfrentar solo una cantidad de información que la institución produjo colectivamente. Allí la inteligencia artificial introduce una posibilidad democrática: reducir la desventaja de escala sin convertir automáticamente al ciudadano en especialista. Puede ayudar a localizar cláusulas, comparar versiones, ordenar fechas y encontrar referencias que de otro modo exigirían muchas horas de búsqueda.
Eso es lo que llamo un puente democratizador. De un lado permanece el ciudadano con una pregunta; del otro, la evidencia distribuida entre documentos y registros. La herramienta ayuda a recorrer la distancia, pero no sustituye ninguna de las dos orillas. Si identifica una contradicción, debemos leer los documentos. Si relaciona compañías, debemos verificar sus identidades. Si señala una anomalía, nos indica dónde investigar; todavía no demuestra qué ocurrió.
Esta condición es esencial: democratizar la investigación no puede significar democratizar la acusación sin evidencia. El puente debe conducir siempre a la fuente y dejar espacio para que esta contradiga nuestra primera impresión. Podemos descubrir una irregularidad, pero también una explicación legítima que no habíamos comprendido. En ambos casos, la herramienta habrá sido útil si nos permitió preguntar y comprobar mejor.
Tampoco desaparecen el periodista, el abogado, el ingeniero o el contador. Su formación continúa siendo necesaria. Lo que cambia es que no saberlo todo deja de significar necesariamente no poder comenzar. El ciudadano puede pedir una explicación, conservar la terminología original, regresar al documento y formular la siguiente pregunta. Ya no se trata únicamente de encontrar información, sino de adquirir capacidad para trabajar intelectualmente con ella.
III. La paradoja de la opacidad
Aquí aparece el límite de una respuesta que escuchamos con frecuencia: esos documentos son públicos. Pueden serlo y, aun así, permanecer lejos de la comprensión ciudadana. Un contrato remite a un anejo; el anejo, a una certificación; esta, a un procedimiento anterior; y aquel procedimiento solo puede reconstruirse reuniendo minutas, comunicaciones y registros distribuidos entre distintas oficinas. Nada tuvo necesariamente que esconderse para que la relación entre las piezas resultara difícil de ver.
Podemos tener, por tanto, transparencia jurídica y opacidad práctica al mismo tiempo. La primera pregunta si el ciudadano puede acceder a la información. La segunda pregunta si posee capacidad material para comprenderla. No son equivalentes: hacer público un documento permite examinarlo, pero no garantiza que quien lo recibe pueda reconstruir el conjunto al que pertenece.
Esto no convierte todo expediente voluminoso en una estrategia de ocultamiento. Las instituciones administran realidades complejas y necesitan documentarlas. Tampoco exige reducir cada asunto a una explicación sencilla que elimine sus dificultades. La complejidad legítima existe. El problema democrático aparece cuando esa complejidad, aun sin intención de esconder, establece una frontera práctica entre quienes pueden costear su interpretación y quienes solo pueden recibirla.
Reducir esa distancia beneficia también a la institución que actuó correctamente. Un ciudadano incapaz de comprobar una acusación tampoco puede comprobar suficientemente una defensa. Puede terminar escogiendo entre versiones según sus preferencias previas. Recorrer las fuentes permite hacer algo distinto: reconocer una explicación válida, comprobar una autorización o descubrir que la aparente contradicción no era tal. La fiscalización no existe solamente para descubrir lo incorrecto; también permite demostrar lo correcto.
Aquí se encuentran las tres ideas de este umbral. El humanismo institucional conserva visible al servido. El puente democratizador amplía sus posibilidades de examinar la estructura. La paradoja de la opacidad recuerda que publicar no equivale por sí solo a hacer comprensible. Juntas proponen un recorrido en ambas direcciones: del ciudadano hacia la institución para comprender sus decisiones y de la institución hacia el ciudadano para comprobar qué produjeron.
Al final regreso a aquel padre frente a los documentos que necesitaban su firma.
No quería que desaparecieran los reglamentos ni pretendía sustituir a quienes conocían técnicamente el programa. Necesitaba comprender qué había ocurrido antes de aquella decisión y qué ocurriría después con el niño. Hoy puedo nombrar mejor aquella necesidad: no bastaba con tener el expediente delante; necesitaba poder atravesarlo.
Ese sigue siendo el propósito del puente. No cruzarlo para contemplar mejor la burocracia, sino para encontrar nuevamente al ser humano. Si el humanismo institucional nos obliga a preguntar a quién servimos, la comprensión pública añade otra responsabilidad: que aquel a quien servimos también pueda examinar cómo lo hicimos. Desde esa exigencia, la transparencia no termina en la publicación; busca realizar su propósito democrático en la capacidad de quien la utiliza.
Y aqui acabo de ganar la primera máxima:
- La transparencia no se cumple cuando el poder publica sus actos, sino cuando el ciudadano puede comprenderlos, interrogarlos y recorrerlos hasta encontrar al ser humano para quien fueron realizados.
-Malvin El Poeta
El Universo del Centro
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